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Cosas de fronteras…

Posted by buson en septiembre 30, 2004

Publicado en Diario El País URUGUAY
http://www.elpais.com.uy/Especiales/terrorismo/col5.asp

Publicado el 31/07/2003 en Qué Pasa

Viaje al país de los bandidos
Triple Frontera: una tierra sin ley

En el corazón de América del Sur existe un país virtual, sospechoso de nexos con el terrorismo y meca del narcotráfico, la piratería y el contrabando de artículos robados. Su influencia se hace sentir también en Uruguay

Esta es la historia de un país que no existe oficialmente, sino de hecho. Un pedazo de tierra comprimido entre Brasil, Argentina y Paraguay, con una superficie casi tan grande como la de Uruguay y una población mucho mayor: cinco millones de habitantes.

Disputas de frontera, conflictos armados y una larga tradición de bandolerismo, combinados con una de las más largas y corruptas dictaduras militares de América del Sur —la del general paraguayo Alfredo Stroessner, entre 1959 y 1989— crearon terreno fértil para la prosperidad de las organizaciones criminales.

Este territorio mide cerca de 1.200 kilómetros de norte a sur, y unos 250 kilómetros en su punto más ancho. Comienza en el límite entre los estados de Río Grande del Sur y Santa Catarina —apenas a unos 300 kilómetros al noreste de Bella Unión— abarca el extremo más oriental de Argentina y se extiende, con la frontera entre Paraguay y Brasil como eje, hasta la localidad de Ponta Porá, en el estado de Mato Groso del Sur, separada apenas por una calle de la ciudad paraguaya Pedro Juan Caballero, donde el narcotraficante uruguayo Omar Clavijo fue asesinado la semana pasada.

La acción de los bandoleros de antaño y las mafias de hoy generó en la región una especie de cultura autóctona en la que la actividad ilícita es aceptada como forma de ganarse el sustento. Esta cultura incluye también un lenguaje propio, el xiru, una mezcla de español, portugués y guaraní muy utilizada para burlar las escuchas policiales. También un ritmo musical, el batidón, de origen local pero forjado por la cultura de la piratería.

La autoridad más respetada en el País-bandido es el caño de un revólver. Aunque la mayoría de los cinco millones de personas que viven o transitan por esa zona no tienen nada que ver con los criminales, la fama del lugar incide sobre la vida cotidiana. No se discute por el tránsito con extraños para no correr el riesgo de meterse en problemas con un pistolero.

Los habitantes de la región ya se acostumbraron a que la matrícula de su auto despierte la curiosidad de la gente (y especialmente de los policías) cuando viajan a otros lugares. Es que ciudades como la brasileña Foz do Iguazu y la paraguaya Ciudad del Este se han transformado en sinónimo de piratería y contrabando. Bernardo Yrigoyen, en Argentina, es punto de pasaje casi obligado para los autos robados que van rumbo a Paraguay. La localidad paraguaya de Capitán Bado y la brasileña Ponta Porá son las capitales sudamericanas de la marihuana.

Un equipo de Zero Hora incursionó por el País-bandido, recorriendo 4.000 kilómetros por Argentina, Brasil y Paraguay durante diez días. La mayoría de las ciudades poseen buena infraestructura, y la zona recuerda a las regiones agrícolas bien desarrolladas de Estados Unidos. El grueso de la población es descendiente de europeos, agricultores del sur de Brasil que migraron hacia allí en busca de tierras.

La zona tiene incluso su “rey de la soja”, un inmigrante brasileño que se convirtió en el mayor productor individual de este grano en todo Paraguay, Antonio Dametto. En Brasil, Dametto es acusado de narcotráfico porque en uno de los camiones que transportaban su cosecha se encontró marihuana.

El “rey de la soja” dice que es inocente, y que no se presenta ante las autoridades brasileñas por miedo a los prejuicios: “Vivo en una región de bandidos”, dice, “donde todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario”.

Tierra de narcos

El aumento en el cultivo de marihuana en la frontera entre Mato Groso del Sur y Paraguay, uno de los pedazos de tierra más violentos del mundo, es en parte una paradójica consecuencia del desarrollo agropecuario de la región.

Los plantadores de marihuana son agricultores que quedaron al margen de la modernización de las actividades rurales de la zona. Hasta los años 70, la actividad agropecuaria fue allí un negocio pequeño y dominado por las oligarquías locales. A partir de entonces, con la llegada de agricultores procedentes del sur de Brasil, se transformó en un emprendimiento a gran escala.

Sin compromisos con la población local, los sureños, principalmente riograndenses, mecanizaron los cultivos y racionalizaron la cría de ganado. De esa forma, miles de peones, la mayoría de ellos descendientes de indios guaraníes, se quedaron sin empleo.

Algunos de esos peones se afiliaron a movimientos sociales como la Comisión Pastoral de la Tierra. En Paraguay, se afiliaron a grupos ligados a partidos de oposición que proponían expulsar a los “brasiguayos” (brasileños radicados en Paraguay) de sus tierras. Pero la mayoría se pasó a los cultivos de marihuana.

En esa época, los grupos de traficantes establecidos en Ponta Porá y Capitán Bado montaron un esquema de financiamiento para solventar el cultivo de marihuana en la región, que se convirtió en la principal productora de esta droga en América del Sur. Hoy se estima que hay allí unas 3.000 hectáreas plantadas. No fue por otro motivo que Fernandinho Beira Mar, el capo narcotraficante hoy preso e incomunicado en el interior de San Pablo, estableció allí su cuartel general.

En algunos lugares el auge de este nuevo negocio significó una trágica revancha sobre los productores agropecuarios que modernizaron la región. Uno de estos lugares es la localidad brasileña de Vila Marques, pegada a la frontera con Paraguay.

Hasta los años 80, Vila Marques era símbolo del progreso de los agricultores que superaban a cada paso nuevas fronteras tecnológicas. En esa época, llegó a albergar a 600 familias de colonos riograndenses y paulistas que derribaron la selva y vendieron la madera, plantaron arroz y, luego, grandes extensiones de soja.

Hoy la población se ha reducido a la mitad. La gente tiene miedo de que sus hijos se conviertan en narcotraficantes o sean alcanzados por el fuego cruzado entre bandas rivales.

Pueblo fantasma

Pomposamente bautizada como Internacional, una carretera de 350 kilómetros traza la frontera y reparte agujeros y polvareda entre el oeste de Mato Groso del Sur y Paraguay. Enclavada en una de sus decenas de curvas se encuentra Vila Marques, la antiguamente próspera comunidad agrícola que hoy va camino a convertirse en un pueblo fantasma.

El causante de la transformación es el narcotraficante riograndense Erineu Domingos Soligo, alias “Pingo”, de 48 años. Este instaló cerca de allí, al otro lado de la frontera, el mayor centro de procesamiento de marihuana y cocaína de Paraguay.

Apenas los mojones de frontera —muchos de ellos ocultos bajo los cultivos— recuerdan que allí está el límite entre Brasil y Paraguay. En la práctica, como suelen decir los pobladores, todo es el mismo territorio. O sea: tierra sin ley.

En el auge de prosperidad de Vila Marques, se llegó incluso a asfaltar una calle. Había más de 400 viviendas, la mayoría de ellas buenas casas. El comercio era activo y los fines de semana no faltaban los bailes para diversión de los estancieros.

A fines de los 80, la situación cambió. Brasil, hasta entonces caracterizado como ruta del narcotráfico, fue “ascendido” a la condición de uno de los mayores países consumidores de drogas, junto a Estados Unidos. Hasta entonces, personas como Pingo, que como todos sabían estaba involucrado en la compra y venta de cocaína colombiana, no tenían importancia en la comunidad. Simplemente mantenían sus negocios ilícitos, en parte protegidos por la corrupción policial.

La expansión del mercado brasileño de las drogas transformó a Pingo en un barón de la droga, temido y respetado. Los peones que vivían en la villa y trabajaban en los cultivos legales comenzaron a verse atraídos por un nuevo ramo de la agricultura; el cultivo de marihuana financiado por Pingo. Otros fueron a trabajar en el secado y embalado de la marihuana.

En 1999, cuando Fernandinho Beira Mar se estableció en la región de Coronel Sapucaia —40 kilómetros al sur de Vila Marques— Pingo ya era temido, sólo que no tenía fama nacional. Ésta le llegó en enero del 2001, cuando Beira Mar mandó matar al traficante Joao Morel, influyente en Paraguay y Brasil.

Después del asesinato de Morel, el siguiente en la lista era Pingo. Pero con la detención de Beira Mar, el año pasado, la situación cambió. A fin de mantener el flujo de cocaína hacia Río y San Pablo, Beira Mar mandó a la región un hombre de su confianza, Leomar Oliveira Barbosa, con la misión de aliarse al antiguo rival.

Hoy Oliveira también está preso, pero Pingo mantiene su sociedad con Beira Mar. Vila Marques es ahora una extensión de sus dominios.

La hacienda donde se manufactura la marihuana y se embala la cocaína venida de Colombia se encuentra a 20 kilómetros de allí, en Paraguay. La moneda corriente en la región, que antes era la bolsa de soja —porque los peones recibían un porcentaje de la cosecha— pasó a ser el “ladrillo” de marihuana. El peón lo gana como pago equivalente a tres dólares y lo revende por el doble a los pequeños traficantes que lo distribuyen hacia otras regiones.

Ritmo pirata

Los músicos comentan, maliciosamente, que los bailes en el País-bandido fueron influidos por los rodeos. Generalmente se hacen en los mismos galpones, y los locutores de ambos eventos usan el mismo tono: habla acelerada y gritos populares de incentivo como “¡agarrate peón!”.

La diferencia es que a los bailes asisten los capos del narcotráfico con sus familias. Las drogas son allí un tema de conversación prohibido, especialmente con extraños. Eso sí: los recién llegados son rápidamente advertidos del peligro de meterse con las “muchachas”, las amantes de los narcos.

Ellas casi siempre van a los bailes solas, porque sus amantes están con la familia “oficial”. Pero, por más bonitas que sean y más provocativamente que se vistan, ningún hombre osa insinuárseles. Los conocidos, por prudencia; los extraños, porque los encargados de seguridad pronto les advierten que es peligroso abordar a “las señoritas”.

En uno de esos bailes, realizado en un rústico y mal iluminado galpón, dos músicos tocaron Nube de lágrimas, una guarania popularizada por el dúo brasileño Chitaozinho y Xororó. Siguieron con la balada Amada amante, de Roberto Carlos, y remataron con El pequeño burgués, un samba de Martinho da Vila.

Son todas canciones de ritmos y estilos diferentes, pero en el País-bandido suenan muy parecidas, envueltas en el feroz compás del batidón: algo así como el ritmo de marcapasos del bombo de una banda militar acompañado de guitarra y teclado.

“La canción no interesa. El ritmo tiene que ser el batidón. Si no es, la gente se queda mirando y protesta”, dijo Juan Cruz, líder de una banda musical de Ponta Porá.

Pero en el País-bandido el éxito de una orquesta no depende sólo de la medida en que se adapta al gusto del público, sino también, y sobre todo, de un personaje que sólo existe allí: el “piratero”.

El “piratero” suma a las actividades del pirata tradicional (copiar discos compactos y cassettes sin respetar los derechos de autor) la función de manager, empresario que promueve bandas musicales.

Los músicos que se ganan la vida tocando en fiestas y bailes locales saben que para hacerse conocidos no pueden prescindir de esta ayuda, aunque haya que pagar por ella.

“Le llevamos al piratero una canción nuestra, ya grabada, y le pagamos para que la incluya en un disco pirata en el que todos los otros temas sean de artistas conocidos y exitosos”, dijo un compositor de Foz do Iguazu que dijo llamarse Carlos Rafael. Si la canción “pega”, el piratero tiene derecho a un porcentaje sobre los nuevos contratos del grupo para tocar en bailes.

Muchos pirateros, además, son propietarios de alguna de las cerca de 300 radios clandestinas que se estima que hay en la región, y por lo tanto controlan las dos puntas del negocio musical: fabrican los discos y deciden qué temas emitir y popularizar.

Ellos rechazan las críticas y dicen desempeñar una función que nadie más puede cumplir. “¿Alguien cree que un gran sello discográfico miraría para acá, para promover la banda de fulanito, sólo porque él tiene una canción buena? Ellos (los músicos) existen porque nos tienen a nosotros”, se defendió un piratero que dijo llamarse Francisco da Silva y tiene su oficina —ilegal— en Cascavel, en el estado brasileño de Paraná.

Lo que Silva hace viola la ley, porque roba canciones y posee emisoras de radio ilegales. Seguramente iría preso si no viviera en el País-bandido. Pero allí, Silva forma parte del mundo del espectáculo, es una persona buscada y respetada por los artistas.

Ladrones de éter

Las radios piratas, también llamadas “radios que andan” por su costumbre de cruzar la frontera para eludir las inspecciones, son la pesadilla de los empresarios que aún pugnan por administrar legalmente una emisora en el País-bandido.

Un relevamiento reciente contabilizó 31 de estas radios en la Triple Frontera: tres en Foz do Iguazu, tres en Puerto Iguazú y 25 en Ciudad del Este. La Asociación de Radiodifusores del Alto Paraná (Ardap) de Paraguay estima que hay otras 250 operando en el resto del País-bandido. “Instalan el transmisor en Paraguay o Argentina y transmiten en portugués. Del lado brasileño abren una oficina para vender publicidad”, dijo un empresario de Foz do Iguazu que pidió mantenerse en el anonimato.

Los anunciantes prefieren las radios ilegales porque cobran más barata la publicidad. Olvidan un pequeño detalle: cobran menos porque no pagan impuestos.

Las autoridades argentinas, paraguayas y brasileñas poco pueden hacer, porque cuando consiguen autorización para cerrar una radio pirata, ésta ya se mudó al otro lado de la frontera.

Al principio, Ardap intentaba combatir a las radios piratas averiguando los nombres de sus dueños y denunciándolos en la prensa. Este sistema funcionó al principio, pero hoy ya no resulta efectivo porque los ilegales se han convertido en mayoría y piensan incluso en fundar una entidad propia para defender sus intereses.

El caso de las radios es un ejemplo ilustrativo del sentimiento de impunidad imperante en la zona. En la localidad argentina de Bernardo Irigoyen, quienes viven al margen de la ley tienen incluso una especie de santo patrono. El Gauchito Gil, un bandido del siglo XIX que tenía fama de robar a los ricos para alimentar a los pobres y hoy es adorado por desocupados, perseguidos y delincuentes, siempre que sus delitos no sean de sangre.

Gauchito Gil también es el protector de la ruta que siguen los autos robados que van a Paraguay. Dos de cada tres vehículos robados en Brasil cruzan la frontera desde Dionisio Cerqueira, en el estado de Santa Catarina, hacia Bernardo Irigoyen. Recorren unos 100 kilómetros por caminos regionales argentinos y luego vuelven a Brasil por Foz do Iguazu, desde donde entran a Ciudad del Este por el Puente de la Amistad. Otra cosa que protege a los delincuentes del País-bandido es el xiru, un lenguaje propio que enloquece a los técnicos de la policía encargados de transcribir las escuchas telefónicas.

En la Triple Frontera, el guaraní es una de las lenguas más habladas, herencia de la población autóctona de esa zona. Los bandidos percibieron que mezclarla con el español y el portugués complica la tarea de la policía.

“Nosotros ni nos damos cuenta, pero empezamos una frase en portugués, ponemos español en el medio y la terminamos en guaraní”, explicó un argentino que dijo llamarse Claudio Miguel y recepta autos robados brasileños.

Un piloto de avión de Ponta Porá que dijo llamarse Rogerio Peixoto y trabaja para los narcotraficantes declaró: “Desde que empezamos a usar esa mezcla de lenguas en nuestras comunicaciones, nuestras operaciones se hicieron más seguras porque para cuando ellos descubren de qué estábamos hablando, nosotros ya hicimos el trabajo y estamos volviendo a casa”.

Robo y contrabando

Conocido como un vendedor astuto por los contrabandistas brasileños, argentinos y uruguayos que se aprovisionan en Ciudad del Este, Julio César, de 22 años, ideó una forma de convencer a sus clientes de la autenticidad de las alhajas de plata que vende.

Para eso, frota la alhaja en cuestión contra un papel blanco y muestra que deja un trazo semejante al que dejaría un lápiz. Esa marca, argumenta, sólo es dejada por la plata.

El vendedor asegura que la mayoría de los compradores cree en esta prueba, especialmente los argentinos, sus principales clientes. También afirma que las alhajas que vende a un tercio del valor del mercado son hechas en Perú. Pero las letras pequeñas del muestrario indican que el producto se fabrica en San Pablo.

Cuando se trata de hacer negocios en la zona, sin embargo, algunos prefieren no preguntar el origen de lo que compran. Las dos actividades que más rápidamente se han expandido en el último año, la venta de ropa y celulares usados, se abastecen de mercadería robada o ilegalmente obtenida, sin que eso afecte en lo mas mínimo la marcha del negocio.

El año pasado, un comerciante conocido como Ramírez recibió la llamada de un proveedor de telas de San Pablo que le ofreció mandarle ropa usada que había sido donada para obras de caridad. Hoy Ramírez vende media tonelada de ropa usada por quincena en Foz do Iguazu. Desde entonces, otras 80 casas de venta de ropa usada —la mayoría ilegales— abrieron en la ciudad.

En las últimas semanas, esos negocios comenzaron a recibir fardos de ropa y calzado usado desde Estados Unidos y Europa, que llegan desde Iquique, en Chile. Los primeros resultados de una investigación privada revelaron que el 80% de las 20 toneladas mensuales de mercadería recibida tiene un origen ilegítimo: se trata de donaciones para personas carenciadas que en lugar de llegar a sus destinatarios son desviadas al mercado. Estas prendas y zapatos están siendo compradas por los pequeños contrabandistas y diseminadas por Río Grande del Sur y Santa Catarina.

“Nuestra ganancia deriva del volumen de ropa que vendemos. Por eso tenemos que expandir nuestras ventas a otros estados”, explicó un comerciante.

Del lado paraguayo de la frontera, el buen negocio no es vender ropa usada sino celulares. Hay decenas de tiendas de Ciudad del Este que compran estos aparatos sin preguntar nada y luego los revenden a un precio mucho mayor.

Uno de estos comercios es Mini Carlos, ubicado en el segundo piso de la galería Jahai Center, donde recientemente la policía confiscó 113 celulares que habían sido robados en Porto Alegre.

“No tenemos forma de saber cuál es el origen del celular que traen para vendernos”, explicó Marcelo Almeida, uno de los dueños de Mini Carlos. “Además, ni nos interesa, porque no es asunto nuestro: los aparatos llegan hasta acá, los arreglamos y los vendemos”.

Buena parte de los celulares que llegan a Ciudad del Este fueron robados en Brasil, Argentina y el propio Paraguay. Los comerciantes pagan por ellos tres dólares y, después de reprogramarlos, los revenden por 60.

El dueño de cuatro tiendas que comercian con celulares comprados a brasileños dijo que el negocio está en fase de expansión y pronto comenzará a exportar hacia Colombia y Bolivia.

Reglas no escritas

Los habitantes del País-bandido que se ganan la vida honestamente no se sienten nada cómodos con la imagen de su tierra.

Eso es lo que dice Antonio Dametto, un brasileño que emigró a Paraguay y hoy es el mayor productor de soja de ese país. Cosecha 40.000 toneladas anuales de granos.

El año pasado, la policía brasileña encontró una tonelada y media de marihuana en uno de los camiones que llevaban la producción de Dametto. El productor es acusado de narcotráfico y requerido por la Justicia brasileña. Pero aunque proclama su inocencia, dice que no se entregará por miedo a los prejuicios.

“Poco después de la incautación de la marihuana, la prensa dijo que yo era socio de Beira Mar. Todos los que viven aquí son considerados traficantes hasta que se demuestre lo contrario”, se quejó. “Es posible progresar con trabajo honesto aquí. No soy el único”, asegura.

Pero por más honesta que sea su actividad, los habitantes del País-bandido deben respetar ciertas reglas no escritas. Incluso el sacerdote católico Marcio Aquilino Miquelon, que tiene su parroquia en Coronel Sapucaia, cerca de los dominios de Beira Mar.

En dos años, a fuerza de cautela y firmeza, el cura se deshizo de la acusación de “policía infiltrado” que inmediatamente recibe todo recién llegado. Pero ni siquiera él se libra de cumplir los tres mandamientos más respetados en la región: no hablar en sus sermones contra los narcotraficantes o la droga, no mencionar los nombres de los barones de la marihuana y, principalmente, no hablar con extraños. El cura es escaso en el uso de palabras fuera de la comunidad.

Los cementerios de la región están llenos de personas que no respetaron estas reglas. Pero la violencia que campea en el País-bandido trasciende los imaginarios límites de este territorio y afecta también la vida cotidiana en otros lugares de la región.

Un ejemplo es lo que ocurre en Brasil, aunque las consecuencias también se sienten en Argentina, en Uruguay y en otros lugares de América del Sur.

En 1970, 13 personas eran asesinadas a tiros diariamente en Brasil. Hoy son 85. De esas muertes, 60 son causadas por enfrentamientos y delitos ligados al tráfico de drogas, y la mayor parte de esas drogas transitan por el País-bandido; el 70% de la marihuana y el 60% de la cocaína consumidas por los brasileños. También pasa por allí el 55% de las armas usadas por los narcotraficantes en el eje Río-San Pablo.

En Río son asesinadas 40 personas cada 100.000; en San Pablo, 37, y en Río Grande del Sur, 16. Buena parte de esas muertes se relacionan con robos de objetos que tienen valor en el País-bandido, desde un auto de lujo a un simple teléfono celular.

También muchos autos robados en Uruguay han tenido como destino el País-bandido. Y de allí proviene buena parte de la marihuana que se consume en Uruguay: tal es el caso de los 518 kilos incautados en mayo a bordo de una avioneta en Paysandú.

A ese caso estaba vinculado Clavijo, el narcotraficante uruguayo ejecutado la semana pasada en Pedro Juan Caballero, pocos días después de perder 17 toneladas de marihuana a manos de la policía paraguaya. Así son las reglas del País-bandido. Zero Hora / GDA

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